Concurso de acreedores -

El concurso de acreedores es un instrumento regulado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal al alcance de la empresa para reflotarse o para liquidarse con cese de actividad. La Ley Concursal entiende que una empresa está en insolvencia cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
Recientemente se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, este nuevo texto entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020.

Cuándo debo presentar el
concurso de acreedores

Existen dos tipos de concursos

en función de quién lo solicite, el concurso de acreedores voluntario, cuando es instado por el propio acreedor que conoce su estado de insolvencia, y el concurso de acreedores necesario, que es instado por un acreedor.

Se debe solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

· El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

· La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

· El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

· El incumplimiento de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso.

· El incumplimiento de las obligaciones de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período de tres meses anteriores a la solicitud de concurso.

· El incumplimiento de las obligaciones de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
· Estar en causa legal de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto de las sociedades mercantiles a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

De modo transitorio, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Qué necesito para solicitar el concurso de acreedores?

El concurso de acreedores lo solicita el deudor (o el acreedor en el caso del concurso necesario) mediante abogado y procurador, en cuanto a la documentación necesaria, en términos generales es la siguiente:

· Memoria de la historia económica y jurídica, causas de la insolvencia, valoraciones y propuestas de viabilidad.

· Inventario de bienes y derechos.

· Relación de acreedores.

· Plantilla de trabajadores.

· Cuentas anuales, informe de auditoría y de gestión de los tres últimos ejercicios.

· Memoria de los cambios significativos del patrimonio posteriores a las últimas cuentas anuales.

· Estados financieros intermedios.

Efectos y costes del concurso de acreedores

Cuando se declara el concurso de acreedores se producen determinados efectos como, entre otros, son:

· No se pueden iniciar ejecuciones ni seguirse apremios administrativos o tributarios.

· El juez está facultado para decretar el levantamiento y cancelación de embargos trabados, excepto los embargos administrativos.

· Los acreedores con garantía real no pueden iniciar la ejecución sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad hasta que se apruebe el convenio o trascurra un año desde la declaración del concurso.

· Se suspende el devengo de intereses excepto en los créditos con garantía real.

· Se nombra por el juez un Administrador Concursal.

· Si el concurso es necesario se suspenden las facultades del órgano de administración para ser ejercidas por el Administrador Concursal, si el concurso es voluntario, normalmente se sujetan a la intervención mediante autorización.

· El deudor tiene el deber de comparecencia, colaboración e información con el Juez y con el Administrador Concursal.

Los costes del concurso de acreedores son de dos tipos, los directos y los indirectos, en cuanto a los directos cabe destacar los siguientes:

· Honorarios de abogado. Puede conseguir más información en nuestro presupuesto a medida.

· Honorarios de procurador. Sujetos a arancel en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

· Honorarios del Administrador Concursal. Sujetos a arancel en el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

· Publicaciones en los boletines oficiales y registro.

En cuanto a los costes indirectos del concurso de acreedores normalmente se generan los siguientes:

· Pérdida de clientes.

· Pérdida de suministradores de bienes y servicios.

· Pérdida del poder de negociación con proveedores y trabajadores.

· Liquidación de todos los bienes.

Fases del concurso de acreedores

Un concurso de acreedores, en general, tiene varias fases que comienzan con la presentación y admisión del concurso de acreedores por el órgano judicial competente.

Fase común

En la que el Administrador Concursal elabora un informe con el inventario y la lista de acreedores, realiza una evaluación de las propuestas de convenio o del plan de liquidación, así como de las posibles unidades productivas que puedan continuar en su actividad.

Fase de convenio

El deudor puede presentar una propuesta de convenio que deber ser aprobada por la mayoría de los acreedores y por el Juez. Una vez aprobado cesarán los efectos del concurso. Si se cumple el convenio se presentará un informe y se pedirá una declaración de cumplimiento; si no se cumple el convenio entraría la fase de liquidación.

Fase de liquidación

El deudor será suspendido de sus facultades patrimoniales y los administradores concursales realizarán un plan de liquidación que tras su aprobación será ejecutado.

Calificación

Al iniciar la liquidación o en el caso de aprobar un convenio con una quita igual o superior a un tercio y una espera de tres o más años se inicia la sección de calificación. El resultado de esta fase es declarar el concurso culpable o fortuito.

Conclusión

El concurso termina por el pago de todos los créditos o por la inexistencia de bienes o derechos para hacer frente a los pagos, el Juez acuerda la extinción de la empresa y dispone la cancelación de su inscripción.

Riesgos de instar el concurso de acreedores

Existen dos riesgos principales, el primero es el derivado de la rescisión de alguna operación realizada en los dos últimos años, y el segundo es el derivado de la pieza de calificación resultando la calificación del concurso culpable.

La calificación culpable es consecuencia de haber mediado dolo o culpa grave de los administradores, socios o apoderados, entre otros, en la generación o agravación del estado de insolvencia. La Ley establece unos supuestos de culpabilidad que no admiten prueba en contrario como son:

· Inobservancia de la contabilidad.

· Doble contabilidad.

· Irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera.

· Inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración del concurso.

· Alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores.

· Simulación patrimonial ficticia.

· Salida fraudulenta de bienes o derechos en los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso.

· Apertura de la liquidación de oficio por incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.

La Ley establece otros supuestos que admiten prueba en contrario, como son:

· El incumplimiento o retraso en el deber de solicitar la declaración de concurso.

· El incumplimiento del deber de colaboración con el Juez y el administrador concursal.

· Falta de asistencia, en su caso, a la Junta de Acreedores.

· La falta de formulación, depósito o sometimiento a auditoría obligatoria de las cuentas anuales en los tres últimos ejercicios.

La consecuencia de una sentencia de culpabilidad puede tener las siguientes consecuencias:

· Inhabilitación por plazo de dos a quince años para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona.

· Pérdida de cualquier derecho como acreedores concursales y la devolución de los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente del patrimonio concursado, e indemnizar los daños y perjuicios causados.

· El pago a los acreedores de parte o la totalidad de los créditos que resulten incobrables.

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