Se debe solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

· El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
· La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
· El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
· El incumplimiento de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso
· El incumplimiento de las obligaciones de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período de tres meses anteriores a la solicitud de concurso
· El incumplimiento de las obligaciones de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
· Estar en causa legal de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto de las sociedades mercantiles a una cantidad inferior a la mitad del capital social.
 
De modo transitorio el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, hasta el 31 de diciembre de 2020, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

¿Qué ocurre si no lo solicito?

No solicitar el concurso de acreedores en el plazo señalado puede provocar la calificación culpable del mismo con las siguientes consecuencias:

· Inhabilitación por plazo de dos a quince años para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona.
· Pérdida de cualquier derecho como acreedores concursales y la devolución de los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente del patrimonio concursado, e indemnizar los daños y perjuicios causados.
· El pago a los acreedores de parte o la totalidad de los créditos que resulten incobrables.

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